Vista satelital del Socavón de Mina La Alumbrera
En la década del 90 se impulsó la aprobación de leyes que regulan la mega-minería en la República Argentina, tomando como base una propuesta del Banco Mundial. En su oportunidad el Ministro Alberto Kohan del entonces Presidente Carlos Menem, junto a Domingo Felipe Cavallo y algunos senadores provinciales, impulsaron la iniciativa que coloca a la República Argentina en una posición precaria por la degradación de sus atribuciones fiscales y regulatorias del control de la actividad y la renuncia de jurisdicción a favor de intereses privados.
Esta propuesta garantizó a los gigantes de la minería en Argentina, la inhibición total del Estado Argentino para emprender explotación de yacimientos minerales, un régimen especial para las inversiones mineras que limitan las regalías a pagar por estas empresas, la eximición de impuestos provinciales y municipales, la garantía de beneficios por 30 años y la primacía sobre leyes nacionales en los territorios a explotar al incorporar la actividad en un tratado casi secreto de integración y complementación minera.
Ello está transformando a la Cordillera de los Andes [desde Jujuy a Santa Cruz] en la región minera más activa del mundo.
La situación no ha variado con el cambio de gobierno en 2003. En 2004 la nueva administración promulgó el Decreto Nº 753/2004, por el cual dejó sin efecto la obligatoriedad del ingreso y negociación en el mercado de cambios de divisas provenientes de la exportación de productos correspondientes a las empresas mineras, ya sea respecto de un nuevo proyecto o de una ampliación de unidades productivas existentes.
Como consecuencia de la devaluación los exportadores fueron obligados a repatriar ganancias derivadas del comercio exterior, lo que no sucedió respecto de las empresas mineras a las cuales el Poder Ejecutivo las consideró protegidas de los controles de cambio. Los productos mineros como el oro no sufren retenciones: el 100% se comercializa en otros países y además se liquidan también el 100% de las divisas en el exterior. Esto quiere decir que la minería es el único sector que puede exportar sin obligación de ingresar al país las divisas de sus ventas y peor aún son premiados con reintegros que llegan al 7,5 de sus exportaciones.
Liberados de control público, los mega-yacimientos sacan del país sumas extraordinarias: Alumbrera produce al año 700.000 onzas de oro y 190.000 toneladas de cobre [alrededor de 2.000 millones de dólares]. Se estima que esta cifra será superada por el complejo Veladero-Pascua-Lama.
El Tratado de Complementación Minera Argentino-Chileno (29/12/97) es un caso único en la historia contemporánea: crea un territorio con soberanía privada, una suerte de Vaticano entre Argentina y Chile, a lo largo de la zona fronteriza de la cordillera de los Andes, de 100 km de ancho. En él las corporaciones gozan de soberanía, aduana y aeropuertos propios. Es allí donde está una de las mayores reservas de agua potable del continente amenazada por la acción de la mega-minería.
Es cada vez más difundida entre los ciudadanos y medios alternativos la idea de exigir la denuncia del Tratado Minero Argentino-Chileno y la prohibición de la minería a cielo abierto con sustancias tóxicas.
“El agua vale más que el oro”, es el lema de las poblaciones y asambleas ciudadanas de siete provincias que exigen a sus legislaturas la prohibición de la minería a cielo abierto con sustancias tóxicas.
